El presidente Alberto Fernández, avalado por la CGT, envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear comisiones mixtas en empresas que tengan más de 100 empleados. Estas comisiones se llamarán Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo. Con ésto, el gobierno quiere aumentar la injerencia del Estado y de los gremios en las compañías.
El texto enviado, según sus defensores, está en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se trata de crear un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los asalariados. En las empresas que tengan más de 100 trabajadores, será obligatorio contar con estos comités, y aparte, deberán contribuir a la prevención de la violencia, discriminación y el acoso en el trabajo.
Por el lado de los empresarios, temen que la iniciativa termine en una intervención estatal, lo que no agrada al sector privado, y atenta contra uno de los principales desafíos en nuestra economía, la generación de empleo.
En la elaboración del proyecto, además del presidente, participó el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de su titular Claudio Moroni; y Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Según lo comunicado oficialmente, en las empresas más chicas, se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.
Por el lado del gobierno, políticamente, lo acerca un poco más a la CGT para tratar de revertir el mal resultado de las PASO. El 1° de octubre, el presidente se reunió con la cúpula de la central obrera y allí acordaron las estrategias para el proyecto y para ver como seguir con la apertura de nuevas actividades para impulsar la reactivación económica.
Alberto Fernandez dijo que «No hay que demorar más tiempo en resolver éstas cosas que deberían estar resueltas en este siglo XXI. Este es el modo de trabajar, no hay otra manera» agregó.
Según el titular de la CGT, Héctor Daer, «Este proyecto de ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas» indicó. «Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales» agregó.
En resumen, en caso de aprobarse el proyecto, los comités estarán integrados por representantes gremiales y de las empresas, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Nación, que podrá intervenir cuando «las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador no sean suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo». En los casos en que la autoridad de aplicación compruebe la falta de ejecución de las normativas de prevención de riesgos laborales, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de la tarea en cuestión o de la empresa en todo su conjunto.